RTPA: querella criminal contra dos directivos por supuesta contratación irregular

Sede de RTPA, Gijón. Octubre de 2008. El entonces director de antena y contenidos se reúne en su despacho con tres trabajadoras que acaban de finalizar sus prácticas en la televisión autonómica. Les ofrece seguir trabajando para TPA a través de una productora, aunque con unas condiciones muy distintas de las que se les ofreció en un primer momento. Y exige una respuesta: “o lo cogéis o a la puta calle”. Aceptan el contrato. De inmediato, el director de antena y contenidos levanta el auricular del teléfono y marca un número. A los cinco minutos se presenta en su despacho el director de la productora Teletemas (perteneciente al Grupo Bittia). Ni siquiera entra en la estancia. Desde la puerta le pregunta al director de antena qué es lo que quiere. Y éste responde: “contrátame a estas tres, ya te explico luego para qué”.

La querella

Fotografía de Pablo Lorenzana.

No sale en los periódicos, pero el periplo judicial de RTPA continúa. Después de que los juzgados hayan ratificado durante el último año unas cincuenta sentencias de cesión ilegal de trabajadores, se abre ahora un nuevo capítulo. Hace unas semanas, la jueza Ana López Pandiella, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Gijón y primera instructora del caso Marea, admitió a trámite una querella criminal contra dos directivos de la RTPA por supuestas contrataciones ilegales. La querella fue presentada por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), que ostenta la presidencia del comité de empresa de la radiotelevisión autonómica. El director en funciones de RTPA, Antonio Virgili, negaba ayer, en declaraciones a PERIODISMO ASTURIANO, la existencia de esta supuesta contratación ilegal. Sin embargo, el presidente del comité de empresa, Óscar Vega, afirma que “el tema del fraude laboral es una cuestión generalizada” y recuerda que llevan mucho tiempo “denunciándolo en todos los ámbitos, en todas las reuniones con la dirección y con los consejos de administración sin que nadie haya puesto remedio a esta situación”. Las consecuencias, resume, “son despidos, cesiones ilegales, precariedad y una televisión sin proyecto”. A pesar de que el supuesto fraude laboral “se comete de forma generalizada”, Vega explica que han tenido que buscar un ejemplo concreto, ya que “no se puede meter en una sola querella a todas las empresas; hay que basarse en un caso concreto, en unos hechos”.

Por eso decidieron centrarse en un contrato suscrito con la productora Teletemas, vinculada al Grupo Bittia, y en dos directivos de RTPA: Ana Lada, la secretaria general, que es la responsable de las licitaciones, y Manuel Castrillo, director de Recursos Humanos. “Son las dos cuestiones que están vinculadas”, argumenta Vega. “Por un lado, el desvío de dinero público a las contratas, a las que yo quiero”; por otro lado, “la licitación, aunque sea pública, está amañada y la consecuencia son las cesiones ilegales; por eso entra también Recursos Humanos. Es decir, para poder hacer un desvío de dinero público yo tengo que subcontratar; y lo tengo que hacer en fraude, lo sé y lo hago”.

Han preferido no implicar a los directivos que ya no se encuentran en RTPA porque su objetivo, explica Vega, “no es sólo que haya unas responsabilidades públicas y penales, si las hay, de los que cometen el delito, sino que sirva como instrumento de presión en defensa de la radiotelevisión pública y de los puestos de trabajo”. Por esa razón han preferido centrarse en los que siguen hoy en día y que en 2008 tuvieron relación con el contrato con Teletemas.

Teletemas

Teletemas es una de las productoras con las que ha trabajado RTPA desde su nacimiento, ya que la mayor parte de sus emisiones están externalizadas.

Fuentes de la CSI prefieren no dar muchos detalles sobre la querella, pero una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, a la que ha tenido acceso PERIODISMO ASTURIANO, recoge como hecho probado que “en octubre de 2008 se celebró una reunión con responsables de TPA y un representante de Teletemas S.L., al que le encomendaron que contratara a tres personas, ‘y ya luego les dirían cómo y para qué”. Dicha sentencia reconoce que siete exempleados de Teletemas fueron cedidos ilegalmente a RTPA.

Extracto de la sentencia.

Una de las trabajadoras presentes en esa reunión asegura que “nos obligó (el entonces director de antena y contenidos) a tomar una decisión en ese mismo momento y con muy malas formas. No sabíamos apenas las condiciones ni la empresa a la que íbamos. Cuando aceptamos, llamó al director de Teletemas para que viniera y le dijo ‘contrátame a estas, ya te explicaré”.

Una de las labores que se les encomendó a estas trabajadoras fue la realización del programa ‘Amanecer’. Consistía en emitir imágenes en directo de Oviedo y Gijón a través de tres webcams junto a la información meteorológica, todo ello con el sonido directo de RPA. El programa se emitía todos los días del año y tenía una duración de entre 45 minutos y dos horas.

El precio de ‘Amanecer’

‘Amanecer’ comenzó a emitirse a finales de octubre de 2008. Ese año le costó a RTPA 17.140 euros (sin IVA). En 2009 el coste fue de 85.700 euros (sin IVA).

 

Los equipos y las instalaciones eran propiedad de RTPA. Teletemas sólo aportaba el personal: tres periodistas que ‘rellenaban’ la jornada en la redacción de informativos. Cada una cobraba poco más de mil euros brutos.

Un hilo del que tirar

El hecho de que la querella apunte exclusivamente a dos directivos de RTPA, “no quiere decir que no haya más culpables”, explica el presidente del comité de empresa. “Que la denuncia vaya contra ellos no quita responsabilidades a Teletemas, puede haber otros responsables a los que también se les llame a declarar o se les impute. Nosotros ponemos un hilo del que tirar, unos indicios que pedimos que se investiguen”.

Vega considera que “las empresas privadas también tienen la responsabilidad de colaborar y de ser las beneficiarias. Lo que denunciamos es que se escogió a Teletemas porque era Teletemas y queriendo que fuera Teletemas”.

Fotografía de Pablo Lorenzana.

A finales de 2011 y después de que el gobierno de Cascos recortara las partidas destinadas a RTPA, Teletemas entra en concurso voluntario de acreedores. Según otra fuente de la sección sindical de la CSI, “entró en concurso voluntario de acreedores diciendo que sin los contratos con TPA la empresa ya no tenía sentido, que no tenía actividad y que no era viable. Entonces, lo que están diciendo es que esa empresa no es una empresa, porque el trabajo que hacía era para TPA y los empleados trabajaban para TPA”. Una prueba más que demuestra, dicen desde CSI, que “TPA decidía qué trabajadores se contrataban y cuáles no”.

«Si denuncias, no trabajas»

La misma fuente afirma que “la norma es que los que denunciaron cesión ilegal no trabajan”. “Es llamativo el caso del departamento de producción de informativos, en el que había ocho trabajadores (contratados por Teletemas). Cinco denunciaron y tres no. Los cinco que denunciaron no volvieron a trabajar en TPA y los tres que no lo hicieron volvieron a los dos días. ¿Puede ser casualidad?”

“Hay muchas víctimas de cesión ilegal que están sufriendo el no trabajar más en Asturias”, asegura, “son las represalias por haber reclamado una situación irregular”. Es más, esta fuente de la CSI denuncia que se sigue contratando a través de otras empresas, a su juicio en idéntica situación de cesión ilegal, pero siempre a trabajadores que no hayan denunciado: “esos son marginados, a esos no se les contrata”.

Represalias para la plantilla: la empresa abandona la negociación del convenio

El jueves 30 de mayo, en la última reunión convocada para negociar el convenio de los trabajadores de RTPA y tras conocer la existencia de la querella, la empresa se levantó de la mesa de negociación. Así lo explica el presidente del comité de empresa, Óscar Vega: “Castrillo (director de RR.HH.) pidió la palabra y dijo que consideraban la querella puesta por el sindicato CSI un acto de mala fe y de hostilidad y que se levantaban de la mesa de negociación. Y se levantaron y se fueron, no dijeron nada más».

La situación es más grave si tenemos en cuenta la nueva reforma laboral. Si hasta ahora los convenios se prorrogaban indefinidamente hasta alcanzar un acuerdo, con la nueva ley los trabajadores se descuelgan del convenio si no hay acuerdo en un año. De esta forma, afirma Vega, “la empresa no perdería nada, al contrario, porque pasarías a un convenio peor que el que tienes”.

Para Óscar Vega la actitud de la empresa “es una barbaridad”. Primero, “porque quien pone la querella es una parte del comité de empresa, no es la totalidad”. Segundo, “porque la querella no tiene ninguna relación con la negociación del convenio”. Y tercero, “porque quien va a investigar la querella es un juzgado que se supone que es independiente”.

Vega considera que “la mala fe la demuestran ellos” y que “tienen una actitud muy mala de colaboración con la Justicia cuando se supone que son inocentes y que no tienen nada que esconder. Es una especie de represalia”.

La última licitación, para una empresa en concurso de acreedores

El pasado mes de abril RTPA adjudicó a VAV Compañía de Producciones S. L. los contenidos locales de los informativos. VAV es una empresa madrileña que se encuentra en concurso de acreedores.

“Si esta empresa no tenía solvencia, ¿por qué se lo dieron a ella?”, se pregunta el presidente del comité de empresa. «La obsesión de ellos (directivos de RTPA) es que no haya cesiones ilegales para que no se pierdan más juicios en los tribunales. Pero es como si hubieran puesto a VAV de pantalla de todo el entramado de empresas que había, porque al fin y al cabo no cambió nada, es más, los que antes trabajaban para Margen, trabajan ahora para VAV, los de Enfoque también”. Vega añade además que “trabajan en la nave de Proima-Zebrastur, instalada en Olloniego y con equipos que no son suyos”.

Otra fuente de la CSI lamenta que “el dinero siga yendo a parar a manos de unos empresarios que no hacen el trabajo de un empresario sino que simplemente ponen trabajadores a disposición de TPA, trabajadores que TPA debería contratar directamente. Esto no cambia. No hay visos de que ni partidos políticos ni la dirección haga nada para que esto cambie, simplemente hacen pequeños cambios para ocultarlo a la justicia, a ver si cuela, pero seguimos con el mismo problema”.